¡SUBSIDIO A AGROQUíMICOS!

El presidente de la República, Rafael Correa, propone Mandato Agrícola a la Asamblea
Ciudad Alfaro
Boletín 1247

Para enfrentar el proceso inflacionario y especulativo que vive el país el Presidente Correa presentó una propuesta de Mandato Agrícola que consiste en una serie de medidas como la exoneración de impuestos y el subsidio directo. Esto sería posible hacerlo con los excedentes petroleros.
Es así que en este Mandato Agrícola se plantea la eliminación del 10% al FERUM, la exoneración del IVA en insumos agropecuarios, eliminación del impuesto a la renta para el sector agrícola y ganadero, la eliminación de impuesto a la Sociedad Agroquímica y la exoneración del IVA a consumos intermedios y subsidios a químicos y agroquímicos. Con este mecanismo se busca que los mayores afectados por el fuerte invierno que azotó al Ecuador sobre todo en el área agrícola, pueda ser repotenciado, y es que para ello el presupuesto está en 415 millones de dólares aproximadamente para cada año. Este plan es temporal, solo por dos años.
Recordó que el país soportó uno de los más fuertes inviernos de los últimos 10 años, que afectó 280 mil hectáreas de cultivo agrícola, 100 mil quedaron completamente improductivas, 30 mil hectáreas de arroz perdidas, 40 mil personas perdieron su empleo, 60 perdieron la vida y más de veinte caminos bloqueados, lo que encareció la comercialización. En cuanto a la inflación dijo que esta se debe a factores externos, mencionó que Ecuador está en el promedio de inflación latinoamericano, frente al fuerte invierno que tuvo el país, “la inflación acumulada de enero a mayo está en el 6% en cambio Colombia el 5% sin que haya sufrido el invierno que nosotros tuvimos”, acotó el Primer Mandatario. También citó cifras de inflación en América Latina, según un estudio publicado en mayo, esta inflación alcanzaría el 12% y hasta el 16% es decir más de los 2 dígitos, “esperamos acabar con una inflación de un solo dígito”.
El presidente Rafael Correa hizo un llamado a los sectores políticos representados en la Asamblea Constituyente “más allá de diferencias ideológicas, les pedimos que ante el grave riesgo de la crisis alimentaria y de inflación, den paso a este mandato”. El presidente de la Asamblea, encargado, Fernando Cordero, comprometió el respaldo a la iniciativa del primer mandatario.

Texto extraído de la Web oficial de la asamblea Constituyente

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Posición de la ECUARUNARI

Ante el anuncio del gobierno de Rafael Correa de liberalizar de aranceles a las importaciones de agroquímicos y fertilizantes como medida para bajar los precios de los alimentos, la ECUARUNARI-CONAIE expresa lo siguiente:

* La producción agropecuaria es un proceso que depende de una serie de componentes, tales como: tenencia de la tierra, crédito, trabajo, acceso y control del agua, comercialización y transporte, tecnología, entre otros. Por lo que creer que con la sola liberalización de aranceles a las importaciones de agroquímicos se logrará bajar los precios de los alimentos, no tiene mayor sustento efectivo.
* La medida anunciada por el gobierno beneficiará, en primera instancia, a los grandes importadores y productores de agro exportación como los bananeros, floricultores, palmicultores, etc. Cuyo objetivo no es la alimentación interna, sino el mercado internacional; es decir hacer buenos negocios con la crisis alimentaria mundial. Además, estimular la introducción de agroquímicos generaría a largo plazo, una dependencia perjudicial de la producción agraria de los químicos.
* Uno de los principales obstáculos que afrontan los pequeños y medianos productores indígenas campesinos es el acceso y control del agua, que en los últimos 15 años ha sido acaparada por las empresas agroindustriales exportadoras y las mineras e hidroeléctricas, mediante concesiones de 30 a 99 años renovables, con lo que la producción que abastece el consumo interno queda sin este vital líquido para la producción y la vida
* La comercialización de productos agropecuarios y pesqueros es la otra etapa de las más conflictiva para los pequeños y medianos productores, ya que éste está controlado por las grandes empresas comercializadoras, sólo el SUPERMAXI controla el 70% del comercio nacional de alimentos. La anunciada política gubernamental de “exoneración del pago de impuestos a la renta a las personas naturales y jurídicas que se dediquen exclusivamente a la producción y comercialización en la primera etapa dentro del mercado interno de productos alimenticios…” no trata el verdadero problema estructural de la cadena productiva y comercialización agropecuaria y pesquera. Los beneficiados de esta medida serán grandes empresas comercializadoras.
* No se puede enfrentar la crisis alimentaria que no es sólo por subida de precios, sin combatir las injustas las estructuras del sistema de agro producción nacional, que se caracteriza por ser injusto y monopólico. Es hora resolver la problemática de reconcentración de tierras, del acceso y control del agua, con una verdadera revolución agraria, en el marco de la soberanía alimentaria.
* Se debe invertir y construir un sistema nacional de comercialización, permitiendo que los productores, pequeños y medianos, familiares y comunitarios, comercialicen de manera directa en los mercados locales y nacionales, de esta manera bajar los precios de los alimentos, garantizando la producción nacional y la soberanía alimentaria de los ecuatorianos y ecuatorianas.
* Que los excedentes petroleros sean invertidos en la pequeña y mediana producción familiar y comunitaria mediante la implementación de un sistema de créditos directos, con participación del Estado.
* En ese marco las nacionalidades y pueblos indígenas, los campesinos, los pequeños y medianos productores estaremos listos para impulsar y defender los cambios que el país necesita.

Humberto Cholango
PRESIDENTE

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Subsidio a los agroquímicos

Por Susana Klinkicht

Representantes de campesinos e indígenas se han presentado en Montecristi para dar a conocer su punto de vista sobre el mandato que el presidente Rafael Correa propone para fomentar la producción agrícola. Así han dejado al descubierto que el programa de fomento agrícola, concebido para ayudar precisamente a los que ahora protestan, no fue elaborado en coordinación con los sectores a los que pretende favorecer.

Uno de los argumentos que esgrimen los campesinos es que las subvenciones y exoneraciones de aranceles e impuestos favorecerían en medida excesiva a dos o tres grandes importadores de fertilizantes y pesticidas químicos. Alegan que estos subsidios a la compra de agroquímicos ascenderían a $300 millones de los $415 millones que el Gobierno piensa gastar en su proyecto supuestamente destinado bajar los costos de los alimentos.

Los representantes de los campesinos dicen que, con su propuesta, el Gobierno contradice al espíritu de lo elaborado en la Asamblea, que quiere introducir en la nueva Constitución el concepto de la soberanía alimentaría, como un objetivo estratégico, cuyos resultados se verían a un más largo plazo.

Básicamente, en Montecristi se ha establecido que, para fomentar la autonomía en la producción de alimentos, el Estado debe favorecer a los que producen para el mercado interno, sobre todo a los pequeños y medianos agricultores, mediante un mejor acceso a la tierra y al financiamiento, la diversificación de la producción sobre los monocultivos y el control del uso de agrotóxicos.

Con el reclamo en manos y una propuesta alternativa presentada por los campesinos, la Asamblea Constituyente, si llega a debatir el tema, pero también la Presidencia de la República tendrán que explicar cuáles fueron los móviles, fundamentos y coherencia del nuevo mandato, que, al parecer, fue elaborado sin una coordinación previa con los legisladores de Montecristi.

¿Es este un ejemplo más de las contradicciones que se comienzan a percibir entre una administración pragmática liderada por Correa y una legislación idealista, que va perdiendo cada vez más terreno en el debate? ¿O es simplemente el pretendido mandato fruto del apresuramiento y de asesorías interesadas?

La alternativa planteada por las organizaciones encabezadas por la Conaie, Fenocín, Ecuarurani y otras, en cambio, demuestra el escasísimo desarrollo del sector agrícola ecuatoriano, situación que por cierto tampoco es exclusiva de los pequeños productores.

Lo que solicitan son subvenciones directas para propiedades de entre cinco y 30 hectáreas de terreno con incentivos para cultivos que no utilicen agroquímicos.

Existe además el pedido de que se declare en emergencia al sector, que las Fuerzas Armadas proporcionen transporte gratuito para la distribución de los alimentos y, la actualmente inevitable, veeduría ciudadana, entre otras exigencias, algunas muy justificadas.

Allí está por ejemplo el reclamo de grandes variedades de semillas existentes en los laboratorios estatales, que no se distribuyen, y la falta crónica de riego en un país lleno de agua.

Texto extraído de la Editorial del Diario Hoy (14 de julio 2008)